Por Esteban Kuhlmann Matus
Existe una paradoja en la defensa de los derechos humanos. Casi todos dicen apoyarlos, pero ese consenso suele desaparecer cuando su aplicación beneficia a quienes piensan distinto, a quienes generan rechazo social o a quienes ocupan el lugar de adversarios políticos. Es ahí donde comienza la verdadera prueba de convicción democrática.
En tiempos de polarización, los derechos humanos han dejado de ser percibidos por muchos como un patrimonio común de la humanidad para transformarse en una bandera de disputa política. Se les invoca con fuerza cuando sirven para denunciar los abusos del sector contrario, pero se relativizan o silencian cuando incomodan a los propios. El resultado es una peligrosa erosión de su fundamento esencial: la universalidad.
Los derechos humanos no fueron concebidos para proteger únicamente a quienes nos agradan, a quienes comparten nuestras ideas o a quienes despiertan nuestra simpatía. Su razón de ser es precisamente la contraria. Existen para proteger a toda persona, especialmente cuando hacerlo resulta difícil, impopular o políticamente costoso.
Chile conoce bien la importancia de este principio. Nuestra historia reciente nos recuerda que la dignidad humana no puede depender de las preferencias ideológicas, de las circunstancias políticas ni de las mayorías circunstanciales. Sin embargo, pareciera que con frecuencia olvidamos aquella lección fundamental. Seguimos evaluando las vulneraciones de derechos según quién las comete o quién las sufre, en lugar de juzgarlas conforme a principios universales.
Esta tensión es particularmente visible en algunos de los debates más relevantes de nuestro tiempo.
La crisis migratoria, por ejemplo, ha generado legítimas preocupaciones sobre seguridad, empleo, capacidad institucional e integración social. Ninguna democracia responsable puede ignorar estas inquietudes. Pero tampoco puede permitirse normalizar discursos que deshumanizan a las personas por su origen, nacionalidad o condición migratoria. Defender una política migratoria ordenada y exigir el cumplimiento de la ley es perfectamente compatible con el respeto irrestricto a la dignidad humana. Cuando dejamos de ver personas y comenzamos a ver únicamente amenazas, la democracia empieza a deteriorarse.
Algo similar ocurre con la seguridad pública. El aumento de la delincuencia y el crimen organizado ha generado una comprensible demanda ciudadana por mayor eficacia estatal. Sin embargo, la historia demuestra que la erosión de las garantías fundamentales rara vez produce mejores democracias. Cuando se instala la idea de que ciertos abusos son aceptables porque afectan a personas consideradas indeseables, dejamos de proteger derechos y comenzamos a administrar excepciones.
Y las excepciones, tarde o temprano, terminan alcanzando a todos.
El problema de fondo es que los derechos humanos han sido progresivamente arrastrados hacia la lógica de las trincheras políticas. Algunos sectores los consideran una causa exclusiva de la izquierda. Otros los observan con distancia precisamente por esa asociación. Ambas posturas son equivocadas.
Los derechos humanos no pertenecen a una ideología, a un partido ni a un gobierno. No son de izquierda ni de derecha. Son un límite ético frente al abuso del poder, cualquiera sea el signo político de quien lo ejerce. Conservan exactamente la misma validez cuando se vulneran libertades civiles bajo gobiernos conservadores, progresistas, populistas o autoritarios.
Por eso resulta preocupante que en distintos países observemos una creciente disposición a justificar restricciones de derechos cuando estas recaen sobre grupos políticamente incómodos. La coherencia democrática exige algo más difícil: defender los principios incluso cuando benefician a quienes no compartimos, incluso cuando hacerlo no genera aplausos y, especialmente, cuando incomoda a nuestro propio sector.
La defensa de los derechos humanos pierde legitimidad cuando se convierte en una herramienta selectiva. No existen víctimas de primera y segunda categoría. No existen libertades fundamentales que merezcan protección solo cuando favorecen nuestras convicciones. La verdadera universalidad comienza cuando reconocemos la dignidad de quienes son distintos a nosotros.
En una época marcada por el populismo, la desinformación y la polarización, esta convicción parece cada vez más contracultural. Pero quizás por eso mismo resulta más importante que nunca.
La democracia necesita debate, competencia política y desacuerdos profundos. Lo que no puede permitirse es perder aquellos principios mínimos que hacen posible la convivencia entre personas que piensan distinto. Entre esos principios, ninguno es más relevante que el reconocimiento de la dignidad humana como un valor irrenunciable.
Tal vez la gran prueba de nuestro tiempo no sea defender los derechos humanos cuando resulta fácil, popular o conveniente. La verdadera prueba consiste en defenderlos cuando hacerlo genera incomodidad, cuando exige coherencia y cuando obliga a cuestionar a los propios antes que a los adversarios.
Porque los derechos humanos dejan de ser derechos humanos cuando se transforman en una bandera partidista.
Y es precisamente cuando más incómodo resulta defenderlos, cuando más necesarios se vuelven para la democracia.
