Por Gregorio Blanca.
Periodista y Politólogo
Coordinador General de OLA
El contexto político venezolano ha entrado en una fase decisiva marcada por el pragmatismo estratégico, la construcción de una institucionalidad adaptada al nuevo escenario geopolítico y la búsqueda de estabilidad socioeconómica. En el marco de la mesa de diálogo de Caracas, la renovación integral de la alta magistratura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —elevado a 32 magistrados— y del Comité de Postulaciones Judiciales se consolida como el catalizador que reconfigurará las reglas del juego democrático e institucional. Los diferentes escenarios serían los ideales, no los que vayan a ocurrir; la política es dinámica y cambiante.
La reestructuración del Poder Judicial responde a una dinámica de fundamentación tanto interna como geopolítica. Para los actores internacionales y organismos multilaterales que dan seguimiento al proceso, la conformación de un Tribunal Supremo de Justicia con representación equilibrada e integración plural se entiende como el estándar de seguridad jurídica indispensable para viabilizar acuerdos energéticos, facilitar el acceso a instrumentos de financiamiento internacional y promover la flexibilización de sanciones financieras que pudiesen afectar las transacciones comerciales. Asimismo, este diseño institucional ofrece garantías de continuidad y certidumbre jurídica a la gestión gubernamental, al tiempo que proporciona a la oposición venezolana que representa un sector del electorado, un marco de protección constitucional que favorece su inserción y participación en la dinámica política nacional.
El primer posible escenario, apunta a una resolución del renovado TSJ declarando la vacancia del Ejecutivo y la salida del estado de conmoción para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque a comicios presidenciales. Bajo este esquema, la propuesta electoral del oficialismo se mediría en un escenario caracterizado por la pluralidad y dispersión de las fuerzas opositoras. La configuración de las alianzas partidistas, sumada a las diferencias de visión estratégica entre los distintos sectores de la oposición, abre un escenario donde la coalición de gobierno cuenta con ventajas competitivas para ratificar el control del Ejecutivo. Este resultado le permitiría afianzar una legitimación institucional reconocida por sectores internacionales y actores pragmáticos comprometidos con la estabilidad política del país.
Un segundo escenario a mediano plazo podría contemplar un acuerdo de fortalecimiento institucional y equilibrio de poderes: la activación de un proceso de reforma constituyente que restablezca el Parlamento Bicameral (Senado y Cámara de Diputados) y revise los esquemas de reelección presidencial. La reincorporación del Senado ofrece una plataforma de gobernabilidad por contrapesos y la creación de Senadurías Vitalicias para expresidentes. Este mecanismo de protección institucional funcionaría como un «anillo de seguridad» e inmunidad permanente para los actores salientes del Ejecutivo, facilitando una coexistencia pacífica de largo plazo.
El papel de Claudio Fermín y la oposición moderada en la transición
En este esquema de gobernabilidad y transición, la negociación centrada y la figura de Claudio Fermín, así como los sectores de la oposición socialdemócrata/venezolanista, no solo son viables, sino altamente probables como actores del nuevo ecosistema político.
Factores que Potencian la Integración de Figuras de Centro-Izquierda Democrática, la socialdemocracia clásica.
Discurso de nacionalismo institucional y soberanía
Claudio Fermín y el partido Soluciones para Venezuela han mantenido una postura clara en favor de la resolución pacífica, el rechazo sistemático a la tutela o sanciones extranjeras y la defensa del diálogo entre venezolanos. Para un oficialismo que busca legitimarse sin dar la sensación de capitulación ante presiones externas, la interlocución con sectores patrioticos y socialdemócratas resulta mucho más digerible que la negociación con bloques polarizados. En una eventual reconfiguración del Estado (ya sea en un TSJ plural, un CNE reequilibrado o un futuro Senado bicameral), la experiencia parlamentaria, municipal y negociadora de Fermín lo posiciona como un candidato natural para ocupar espacios de arbitraje, comisiones de reconciliación o coordinaciones legislativas de consenso.
De concretarse la reforma bicameral, la presencia de líderes con trayectoria de centro y vocación de diálogo será clave para moderar los debates de la Cámara Baja y el Senado. Figuras que abogan por el «cambio sin venganza» encajan perfectamente en el diseño de un pacto de gobernabilidad que proteja las instituciones sin derivar en persecuciones políticas.
Si la transición venezolana se canaliza por la vía institucional y electoral pactada en Caracas, el protagonismo virará progresivamente de los polos de confrontación hacia los liderazgos pragmáticos y constitucionalistas. En ese terreno, perfiles como el de Claudio Fermín están llamados a jugar un papel directo en la articulación de acuerdos, la representación parlamentaria y el sostenimiento del nuevo equilibrio institucional.
