EL OBSERVATORIO LATINOAMÉRICA AHORA (OLA), en su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos fundamentales en Iberoamérica, manifiesta su firme posición ante la reciente Denuncia Penal por el delito de discriminación interpuesta contra el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de la República del Perú.
Tras el análisis exhaustivo de los fundamentos jurídicos de la denuncia y de la Resolución N° 0041-2026-JNE, nuestra organización observa una vulneración directa a los estándares internacionales de participación política. La imposición de la presencialidad obligatoria como requisito para los debates presidenciales constituye una barrera técnica que atenta contra los principios de igualdad y no discriminación.
Desde el enfoque técnico y humano de OLA, señalamos lo siguiente:
1.Garantía de Derechos Fundamentales: Tal como sostiene la denuncia penal, la exclusión de un candidato presidencial —en este caso, Vladimir Cerrón Rojas, Candidato Presidencial— bajo reglamentaciones que ignoran la viabilidad de los medios virtuales, vulnera el derecho a la participación política y el principio de igualdad ante la ley. La democracia exige que todos los actores puedan contrastar sus ideas en condiciones de equidad.
2.Rechazo a la Discriminación Administrativa: El uso de normas logísticas para generar efectos de exclusión política es una práctica que debilita la confianza en las instituciones. Imponer obstáculos físicos en una era de plena integración digital es una medida desproporcionada que restringe el derecho colectivo de la ciudadanía a recibir información de todas las opciones electorales.
3.Vigilancia desde la Red de Derechos Humanos: Esta situación ha sido integrada como un caso prioritario de monitoreo dentro de la Red de Derechos Humanos de OLA. Nuestra labor se centra en asegurar que el debido proceso y la integridad de los derechos civiles sean respetados por encima de cualquier coyuntura procesal o administrativa.
4.Llamado al Respeto Institucional: Exhortamos a los entes electorales a actuar bajo la premisa de la inclusión. El respeto a los derechos del candidato no es solo una cuestión individual, sino un pilar de la salud democrática de la región. La justicia electoral debe ser el espacio para el debate de propuestas y no una herramienta de segregación.
El Observatorio Latinoamérica Ahora continuará vigilante ante cualquier intento de judicialización de la política o de uso de reglamentos para cercenar la voluntad popular, reafirmando que el respeto a la ley debe ser la garantía de la libertad para todos.
PRENSA OLA
