Por: Sami Maali, Coordinador del OLA en Túnez
Observatorio Latinoamérica Ahora (OLA)
Túnez atraviesa una fase decisiva de reconstrucción institucional y reafirmación de su soberanía, en un proceso histórico que redefine el rumbo político del país tras más de una década de inestabilidad y desafíos de seguridad.
Desde la revolución del 14 de enero de 2011, el sistema político tunecino experimentó una transición prolongada durante la cual movimientos de orientación religiosa ocuparon un rol central en el gobierno. Aunque promovieron un discurso de libertades y derechos humanos, su gestión reveló debilidades estructurales que minaron la capacidad del Estado para responder a crisis sociales, económicas y de seguridad. Esta etapa estuvo marcada por asesinatos políticos, atentados terroristas y una creciente infiltración de redes de intervención extranjera.
Entre 2012 y 2016, Túnez enfrentó algunos de los episodios más graves de su historia reciente, como los asesinatos de Chokri Belaid y Mohamed Brahmi, los ataques en Chaambi, el atentado al Museo del Bardo, la masacre de Susa y el ataque contra el autobús presidencial. La tentativa de ISIS de controlar Ben Guerdane el 7 de marzo de 2016, frustrada por la acción conjunta de las fuerzas de seguridad y la ciudadanía, se convirtió en un punto de inflexión en la defensa del país frente al terrorismo internacional.
La Constitución de 2014, que instauró un sistema semiparlamentario, derivó tras las elecciones de 2019 en un bloqueo institucional entre la Presidencia y un Parlamento dominado por el movimiento Ennahda. La crisis sanitaria del COVID-19 acentuó el descontento ciudadano y puso en evidencia la incapacidad del sistema político para gestionar los desafíos nacionales.
En este contexto, el 25 de julio de 2021 el presidente Kais Saied adoptó medidas excepcionales —entre ellas la disolución del Parlamento y la destitución del gobierno— basándose en el artículo 80 de la Constitución. Para amplios sectores de la sociedad, estas decisiones evitaron el colapso institucional y abrieron la puerta a una reestructuración profunda del Estado. Posteriormente, la aprobación de una nueva Constitución el 25 de julio de 2022 consolidó un sistema presidencial y reforzó la soberanía nacional.
A la par de estos cambios, se retomó una amplia campaña contra la corrupción y la financiación política extranjera, reactivando investigaciones que habían permanecido bloqueadas durante años. Algunas reacciones desde ciertos países europeos, bajo el argumento de “preocupaciones por los derechos humanos”, son percibidas en Túnez como intentos de presión política e injerencia en asuntos internos.
Desde el Observatorio Latinoamérica Ahora (OLA), y en coherencia con su compromiso con la independencia, la justicia y la autodeterminación de los pueblos, expresamos nuestro reconocimiento al proceso de reformas emprendido en Túnez desde el 25 de julio. Este camino representa un esfuerzo por reconstruir el Estado sobre bases sólidas, restaurar la confianza ciudadana y proteger el espacio público frente a cualquier red de influencia externa.
Túnez vive hoy un momento crucial, donde la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la soberanía y la consolidación institucional son elementos fundamentales para avanzar hacia un modelo político estable, justo y representativo de la voluntad del pueblo tunecino.
