Por: Alberlin Coste Canela
Recientemente ví la película que retrata de Whitney Wolfe Herd, fundadora de Bumble. Más allá de las licencias propias de la ficción, el relato vuelve a poner sobre la mesa una realidad ampliamente documentada: incluso en contextos con mercados abiertos e instituciones relativamente sólidas, el reconocimiento del mérito femenino sigue siendo un proceso desigual y costoso.
Esta dificultad no es exclusiva de un país o región. Sin embargo, su intensidad y sus manifestaciones varían notablemente entre Estados Unidos, Europa y América Latina. Mientras en los primeros existen mecanismos —aún imperfectos— para debatir, corregir y visibilizar estas brechas, en buena parte de América Latina el problema adquiere una dimensión estructural más profunda, especialmente en el ámbito político.
El patrón latinoamericano: el poder como herencia, no como trayectoria
En países como la República Dominicana, el acceso de las mujeres al poder político continúa condicionado por dinámicas informales que privilegian los vínculos personales por encima de la trayectoria individual. La figura femenina suele ser aceptada como complemento del liderazgo masculino, pero raramente como protagonista autónoma. No se trata de una ausencia de talento: la región cuenta con mujeres altamente formadas, con experiencia técnica, capacidad de gestión y visión estratégica. El problema radica en cómo el sistema político procesa —o bloquea— ese capital humano.
De manera recurrente, cuando una mujer accede a posiciones de visibilidad, su legitimidad es explicada a través de una relación masculina: el apellido del esposo, la herencia familiar o la cercanía con un líder varón. Esta narrativa no solo distorsiona la realidad, sino que produce un efecto corrosivo en la percepción ciudadana, instalando la idea de que el poder femenino es derivado, no ganado.
La coyuntura dominicana actual ilustra bien esta tensión, incluso en su versión más optimista. Dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tanto la vicepresidenta Raquel Peña como la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, han manifestado aspiraciones presidenciales de cara a 2028, abriendo la posibilidad —inédita en la historia electoral del país— de una boleta presidencial integrada por dos mujeres. Es una noticia real de avance. Pero conviene mirarla con atención: en la historia reciente del país, apenas dos mujeres han presentado formalmente candidaturas presidenciales por partidos mayoritarios, y una de las precursoras más visibles, Margarita Cedeño —quien fue vicepresidenta entre 2012 y 2020—, vio su aspiración presidencial derrotada en una primaria interna frente a un candidato hombre. Del otro lado del espectro político, en la Fuerza del Pueblo, el liderazgo de Leonel Fernández sigue ocupando el centro de la organización y ninguna figura femenina disputa con fuerza real la candidatura presidencial. El patrón se repite: el relevo político depende todavía, en buena medida, de estructuras y decisiones concentradas en manos masculinas, y el avance femenino ocurre casi siempre dentro de esas estructuras, no en competencia abierta contra ellas.
Estados Unidos y Europa: el debate como mecanismo corrector
Este patrón contrasta con lo que ocurre en otros contextos. En Estados Unidos, aunque el techo de cristal persiste, existe una conversación pública constante sobre liderazgo femenino, meritocracia y discriminación estructural. Las mujeres que llegan a posiciones de poder son evaluadas —y también cuestionadas— por sus decisiones, su trayectoria y su desempeño, no únicamente por sus vínculos personales.
En Europa occidental, y particularmente en países como España, la igualdad tampoco es un asunto resuelto. Sin embargo, el debate institucional ha avanzado: se han implementado cuotas, se han creado espacios de formación política para mujeres y los medios de comunicación tienden, cada vez más, a analizar el liderazgo femenino desde una lógica de competencia y resultados. El foco está puesto en las brechas, no en la legitimidad de la presencia femenina en sí misma.
Los datos globales confirman que esa brecha, aunque más visible en el debate público europeo y estadounidense, dista de estar cerrada en ningún lugar: según ONU Mujeres, al 1 de enero de 2026 las mujeres representaban apenas el 22,4% de los ministerios de gabinete que lideran un área de política a nivel mundial. En los órganos deliberativos locales, la representación femenina en América Latina y el Caribe se ubica en 31%, por debajo de Europa y América del Norte (37%) y de Asia central y meridional (41%). La diferencia no es solo de cifras: es de la narrativa que acompaña a esas cifras. En Europa y Estados Unidos, el 31% o el 37% se discuten como una meta incumplida; en buena parte de América Latina, cada mujer que sí llega sigue teniendo que justificar cómo llegó.
Cuando el mérito sí se abre paso: los matices
Sería injusto —y también inexacto— decir que la región no ha tenido avances. En febrero de 2026, Costa Rica eligió a Laura Fernández como su segunda presidenta en la historia del país, quince años después del hito de Laura Chinchilla en 2010. Son señales de que el techo, aunque bajo, no es infranqueable.
Pero incluso esos avances conviven con recordatorios de lo lejos que sigue estando la paridad simbólica en el escenario global. La carrera por la Secretaría General de la ONU en 2026 es, quizás, el ejemplo más elocuente: de los principales aspirantes, dos son mujeres latinoamericanas con trayectorias de primer nivel —Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, y Rebeca Grynspan, economista y exvicepresidenta de Costa Rica—, compitiendo en un proceso donde, tras ochenta años de historia, la organización nunca ha sido liderada por una mujer. La candidatura de Bachelet, además, perdió el respaldo oficial de su propio gobierno, evidencia de que ni siquiera una hoja de vida excepcional garantiza el sostén político necesario para competir de igual a igual.
El costo colectivo de un sistema que premia el vínculo sobre la capacidad
En gran parte de América Latina, el sistema sigue anclado en una cultura política de padrinazgos, lealtades personales y estructuras cerradas, donde las mujeres que no se ajustan a esos esquemas encuentran enormes barreras para avanzar. El costo de intentar competir desde el mérito individual suele ser alto, y muchas optan por retirarse o buscar oportunidades fuera de sus países de origen.
Las consecuencias de esta dinámica no son solo individuales. Cada mujer que abandona la política, que es desplazada o que decide emigrar representa una pérdida colectiva: menos diversidad en la toma de decisiones, menos innovación institucional y una democracia más pobre en perspectivas y soluciones.
La pregunta de fondo
La pregunta de fondo no es ideológica, sino estratégica: ¿cuánto talento político está desperdiciando América Latina al sostener sistemas que reconocen antes los vínculos que las capacidades? En un contexto global marcado por crisis complejas y desafíos multidimensionales, excluir —explícita o implícitamente— a la mitad del talento disponible no es solo injusto; es profundamente ineficiente.
Revisar estas estructuras no es una concesión simbólica ni una agenda identitaria. Es una condición necesaria para fortalecer la calidad democrática y la competitividad política de la región en un mundo cada vez más exigente.
Fuentes de referencia para los ejemplos citados: Diario Libre (febrero 2026), ONU Mujeres — Datos y cifras sobre liderazgo y participación política de las mujeres (enero 2026), El Nacional y Montecristi al Día (mayo 2026), El Caribe (agosto 2026), Euronews (mayo 2026).
