Por: Marc Bellido, Coordinador OLA – DD.HH. España
Vivimos tiempos de blanco o negro. Parece que estamos obligados a elegir bando de inmediato, a etiquetar al otro antes siquiera de escuchar qué tiene que decir. A veces da la impresión de que hemos transformado la sociedad en un tablero de ajedrez donde importa mucho más saber de qué color es cada pieza que entender qué está pasando realmente sobre la mesa.
Pero si dejamos de mirar las piezas un segundo y nos fijamos en el tablero, la perspectiva cambia. Lo que de lejos parecía simple se vuelve complejo cuando te acercas. Es como el «espín» en la física: esa propiedad de las partículas que solemos imaginar como un giro, aunque no sean bolitas dando vueltas sobre sí mismas. Me gusta esa metáfora porque nos recuerda que, bajo lo que parece quieto, siempre hay movimiento. Con las personas pasa igual: cambiamos, nos movemos, sentimos miedo, tomamos decisiones y rectificamos. No somos bloques de un solo color.
Entre el blanco y el negro hay un espacio gris, pequeño y difícil de definir, que a menudo intentamos borrar porque es más cómodo pensar que todo es sencillo. Pero es justo ese rincón el que me interesa. No para relativizarlo todo, sino porque es el único sitio desde el que aún podemos escucharnos y buscar salidas sin necesidad de cavar trincheras.
Más allá de las cifras y los colores
Escribo esto mientras Ceuta vuelve a ser el epicentro de una crisis migratoria tremenda. A finales de julio de 2026, la entrada masiva de personas desde Marruecos desbordó por completo a la ciudad, obligando a improvisar recursos de emergencia y a redoblar la respuesta de las instituciones. Los datos han ido bailando según avanzaban los días. El Gobierno central calculó en unas 80.000 las personas que cruzaron entre el 30 y el 31 de julio, aunque otras fuentes manejan estimaciones distintas.
No creo que debamos enredarnos en una guerra de números. Hacen falta para entender la magnitud de lo que ocurre, claro, pero lo importante es ver qué hay detrás. El gran peligro de hablar siempre de miles o de porcentajes es que terminamos deshumanizando la realidad.
No sabemos qué historia trae cada uno, ni podemos asumir que todos vienen por lo mismo o necesitan lo mismo. Tampoco sería justo pensar que todos los ceutíes han vivido esto de la misma forma. En las calles ha habido miedo, cansancio, pero también muchísima solidaridad; seguramente, para la mayoría, una mezcla de todo a la vez.
Hay que ser honestos: Ceuta es una ciudad pequeña. Una llegada de este calibre asfixia sus servicios, sus recursos y su capacidad para reaccionar. Y el asunto se vuelve crítico cuando hablamos de menores. Un sistema de protección preparado para ciertos límites salta por los aires cuando, de la noche a la mañana, tiene que acoger a cientos o miles de niños y adolescentes. A mediados de agosto, el Gobierno anunció nuevos espacios de atención humanitaria para 1.500 personas, pero en la ciudad seguían quedando miles de personas de la oleada de julio.
Es fácil volver a los extremos en este debate. Aunque recordar lo que pasó en mayo de 2021 ayuda a ver cómo reacciona el sistema, no hay que confundir ambos momentos ni usar los datos del pasado de forma automática. Los Estados tienen la responsabilidad de controlar sus fronteras y hacer cumplir la ley, por supuesto. Pero también tienen la obligación de proteger los derechos humanos, especialmente los de los niños. Ambas obligaciones son reales y deben convivir. El problema llega cuando las planteamos como una competición donde, para cumplir una, parece que hay que traicionar la otra.
Un niño no es una frontera
Un menor no deja de ser un niño por cruzar una línea en el mapa, ni un adolescente pierde su condición por estar en situación irregular. Su viaje puede ser un laberinto y su papeleo un dolor de cabeza para el Estado, pero nada de eso borra que es una persona en pleno desarrollo.
Hay que atreverse a decir cosas incómodas: una llegada masiva provoca problemas reales de convivencia, gestión y seguridad, pero eso no convierte a quienes llegan en una amenaza andante. De igual modo, ver la vulnerabilidad del que llega no implica cerrar los ojos ante el impacto y las dificultades que sufre la población local. Reconocer un problema no obliga a deshumanizar a nadie.
La adolescencia es la etapa donde construimos quiénes somos, nuestra autonomía y cómo vemos el futuro. Por eso, una vivencia rota por el miedo, la incertidumbre, el desarraigo o la violencia deja una marca profunda que no se ve en los gráficos de televisión. Esto no significa que todos vayan a quedar traumatizados —decir eso sería ignorar la ciencia—, sino que hay que estar alerta para detectar el sufrimiento en cuanto aparezca.
La Organización Mundial de la Salud recuerda que la violencia, las pérdidas y la incertidumbre disparan los problemas de salud mental en personas migrantes, y que los menores que viajan solos son el eslabón más frágil. Por eso, cuando un chaval pasa por algo así, la pregunta no puede ser solo a qué comunidad autónoma lo trasladamos. Hay que preguntarse qué lleva en la mochila, qué necesita para volver a sentirse a salvo y qué tipo de adulto se va a encontrar al otro lado. Esa última respuesta lo cambia todo.
El trauma no es una etiqueta
Hay que ser muy responsables al hablar de traumas. No podemos asegurar que cada menor que llegó en 2021 o que está llegando ahora vaya a desarrollar un trastorno psicológico. Cada chaval es un mundo. Lo que sí es innegable es el riesgo. La OMS insiste en que las heridas se acumulan antes, durante y después del viaje, y que la depresión o el estrés postraumático acechan con fuerza a los menores no acompañados. UNICEF también lleva tiempo avisando de la vulnerabilidad de estos niños frente a la explotación, la trata y el desamparo.
Pero no debemos mirarlos únicamente a través del filtro de la compasión o el trauma. Al contrario: hay que darles las herramientas para que esa experiencia no condene el resto de sus vidas. Los niños tienen una capacidad de recuperación asombrosa si cuentan con estabilidad, educación, apoyo social y un entorno seguro. Proteger no es solo lograr que lleguen vivos a la orilla; es garantizar que, una vez aquí, encuentren un suelo firme sobre el que reconstruir su futuro.
El día después de los titulares
El grande drama de estas crisis es que las imágenes en los medios duran un suspiro comparadas con sus consecuencias. Durante unos días vemos fotos de personas nadando, policías exhaustos y portadas alarmantes. Luego los focos se apagan y las cámaras se van, pero Ceuta se queda.
Se quedan los que llegaron, pero también los vecinos, los comerciantes, los médicos, los policías y los trabajadores sociales que tienen que lidiar con el día a día de una situación excepcional. Y es ahí, lejos de los focos, donde empieza la verdadera historia: en los centros de menores.
En 2026, la gestión de estos centros ha vuelto a desatar la tormenta política. El desbordamiento es total. Mientras el Gobierno habla de unos 2.500 menores tutelados en la ciudad, las ONG y otras fuentes elevan la cifra hasta los 4.000. Más allá de qué dato se use para arrimar el ascua a cada sardina, este baile de números demuestra lo difícil que es registrar e identificar a cada niño en mitad del caos. Se han tenido que habilitar espacios improvisados y hay colectivos denunciando que muchos chavales se están quedando fuera del sistema o en condiciones pésimas.
Detrás de la frialdad de los datos hay adolescentes que no saben dónde van a dormir esta noche, chicos que no entienden qué será de ellos mañana y profesionales desbordados intentando apagar fuegos con recursos insuficientes. Además, preocupa especialmente la situación de las niñas y adolescentes por el riesgo de sufrir abusos; de hecho, ya hay denuncias de violencia sexual sobre la mesa que deben investigarse con rigor, sin caer en generalizaciones injustas.
Sé muy bien lo que es eso, o al menos me resulta imposible no sentirlo como algo propio. Imagina tener quince años, dejar atrás tu casa, cruzar una frontera y acabar en un lugar desconocido. No sabes cuánto tiempo estarás ahí, si volverás a ver a tus padres o dónde caerás mañana. De la noche a la mañana, eres un número en el telediario y el centro de una bronca política que ni te va ni te viene.
Ahora dale la vuelta a la tortilla. Imagina que vives en Ceuta y ves llegar a miles de personas en un par de días. Sientes cómo tu ciudad se satura, cómo los servicios públicos se ahogan y ves la tensión en la calle. Tienes miedo, y tienes todo el derecho del mundo a sentirlo.
Ambas realidades son totalmente ciertas y compatibles. Reconocerlo no te hace menos solidario ni menos preocupado por la seguridad. En un debate tan radicalizado, este es el nudo más difícil de soltar: se puede empatizar con el temor del vecino sin criminalizar al migrante, y se puede defender la vulnerabilidad del que llega sin exigirle a la población local que renuncie a su tranquilidad.
Un espacio provisional puede justificarse en el minuto uno de una emergencia, pero la provisionalidad no puede convertirse en norma. Un niño en una nave improvisada necesita algo más que un techo. Un recurso de emergencia no puede ofrecer de forma sostenida lo que da un centro estable: intimidad, escolarización, apoyo psicológico, asesoramiento legal y un proyecto educativo real.
Y esto machaca también a los trabajadores. El problema no se soluciona solo metiendo más camas en un pabellón. Hacen falta educadores, psicólogos, traductores y médicos. De lo contrario, confundimos almacenar con proteger. Una cama es necesaria, pero no educa, no escucha, no detecta si un menor es víctima de trata ni alivia un brote de ansiedad. Para eso hacen falta profesionales con tiempo para mirar a los ojos a quien tienen enfrente. Cuando los educadores están sepultados bajo montañas de expedientes, el sistema deja de proteger y solo gestiona números.
Las lecciones que olvidamos de 2021
Ceuta ya pasó por esto en mayo de 2021. El Defensor del Pueblo recordó en su informe que en apenas dos días entraron unos 1.500 menores. La Fiscalía General del Estado detalló entonces el colapso absoluto de los servicios de acogida, lo que obligó a derivar a los chavales a otras comunidades para evitar el hundimiento de Ceuta, Melilla y Canarias.
Cinco años después, parece que no hemos aprendido la lección: una crisis fronteriza no se acaba en la línea de la valla. En 2021, las prioridades eran la salud, el registro y la detección rápida de vulnerabilidades para dar una respuesta individual. Esa es la palabra clave: individual. Un centro de acogida jamás debería ser el lugar donde un niño se diluye en una estadística.
Además, el reloj no se para. Un chaval puede entrar al sistema con quince años y salir a la calle a los dieciocho. Para un adulto, tres años no son nada; para un adolescent que está aprendiendo el idioma y buscando su identidad, lo son todo. Cumplir la mayoría de edad no borra mágicamente el pasado.
Conozco de cerca las historias de muchos extutelados, trayectorias que a menudo se sienten casi en carne propia, y sé que el verdadero abismo empieza ahí. Necesitamos redes de apoyo que los acompañen hacia la autonomía (vivienda, empleo, papeles) para que el paso a la vida adulta no sea un salto al vacío hacia la absoluta soledad. Creo firmemente en que la actuación de los gobiernos no puede mirar hacia otro lado; las instituciones tienen el deber ineludible de no dejar en el desamparo a los menores que no tienen a nadie más que los proteja. Hablamos mucho de integración, pero el acompañamiento no puede terminar justo cuando las cosas se ponen más difíciles.
El interés superior del menor no tiene pasaporte
El debate sobre los retornos y reagrupaciones familiares tampoco puede ser una respuesta automática. Ni se puede defender que todos tengan que quedarse por sistema, ni se puede pretender despacharlos de vuelta solo por haber entrado sin papeles. Ya en 2021, el Defensor del Pueblo tuvo que frenar devoluciones que se estaban haciendo a las bravas, sin las garantías legales ni los informes preceptivos de la Fiscalía, y sin escuchar a los propios niños.
La ley está para cumplirse, pero aplicarla con sentido común significa no olvidar a la persona que hay detrás del papel. Si tras estudiar el caso lo mejor para el niño es volver con su familia, hágase con garantías; si lo mejor es que se quede protegido aquí, también.
Para entender el viaje hay que mirar atrás. El problema no empieza en la valla de Ceuta. Muchos de estos chicos huyen de la miseria, la violencia familiar o la falta total de futuro. Como dice la OMS, los traumas se arrastran desde el origen. Por eso, obsesionarse solo con subir o bajar la altura de la valla es un parche insuficiente. Una política migratoria inteligente debe mirar a los países de origen, a las rutas y a lo que pasa el día después.
¿Por dónde empezamos?
- Identificación real: Lo primero es saber quién es cada niño, qué le pasa y qué peligro corre. No basta con contarlos como ganado.
- Planes de contingencia: No podemos seguir improvisando cada vez que hay un pico migratorio en Ceuta, Melilla o Canarias. Hacen falta protocolos listos, espacios dignos y equipos multidisciplinares preparados de antemano.
- Educación inmediata: Para un chaval, ir a la escuela es el primer espacio de normalidad y desconexión donde volver a sentirse un niño.
- Apoyo psicológico sin etiquetas: No hay que patologizar la migración ni tratar a todos los menores como enfermos, sino asegurar que quien sufra tenga a quién acudir.
- Solidaridad territorial: Ceuta no puede cargar sola con una responsabilidad que es de todo el país y de Europa. El reparto de menores es vital, pero debe ir acompañado de fondos y seguimiento real.
- Cooperación en origen: Trabajar con los países de tránsito no puede basarse solo en pagarles para que hagan de policías. Debe centrarse en la infancia, las oportunidades reales y en abrir vías seguras y legales.
Volver al tablero
A lo mejor el éxito de una política migratoria no se debería medir por cuánta gente se frena en la frontera o a cuántos se expulsa. Deberíamos medirlo por cuántos niños han sido protegidos, cuántos siguen estudiando, cuántos tienen sus papeles en regla y cuántos han logrado salir adelante sin caer en los márgenes de la sociedad.
Porque la frontera real no es de metal. La frontera sigue viva en las aulas, en los centros de acogida, en las oficinas de extranjería y en las salas de espera de los médicos. El verdadero logro será que, cuando las cámaras se apaguen, quede un sistema en pie capaz de gestionar lo que viene después.
Seguimos mirando las piezas y olvidando el tablero. Unos ven un peligro; otros, una víctima; otros, un arma política o un simple gráfico. Pero detrás de cada etiqueta hay una vida. Humanizar el debate es aceptar que el miedo de la población local y la vulnerabilidad del menor que llega conviven en el mismo espacio y al mismo tiempo. Las sociedades de verdad no caben en un titular de prensa.
No se trata de elegir entre blindar las fronteras o proteger a la infancia. Una democracia madura puede y debe hacer las dos cosas: hacer cumplir la ley y respetar los derechos humanos; debatir sobre inmigración con rigor y proteger a los adolescentes de la trinchera política. Ese es el espacio gris que necesitamos: un lugar con matices donde quepan varias verdades a la vez. De lejos, el tablero parece fácil (blanco o negro, ellos o nosotros). Al acercarte, descubres las historias de carne y hueso, los nombres de los profesionales, el cansancio de los vecinos y, sobre todo, a los niños que se han quedado atrapados en medio del juego.
Porque un conflicto no termina cuando dejan de verse las imágenes, igual que la protección no termina cuando un joven cumple dieciocho años; lo verdaderamente importante empieza cuando dejamos de mirar.
